Acusan a Urbas de «maniobras de presión» al juez y el administrador ante la inminente venta de Abengoa

La adjudicación de Abengoa a sus nuevos propietarios parece inminente y, a medida que se acerca, los movimientos de las empresas que optan a convertirse en su gestor de futuro aumentan en la misma medida en que el nerviosismo crece. En ese caldo de cultivo, Urbas se ha convertido en el centro de las críticas al ser acusada de «no jugar con las mismas reglas» y de intentar presionar al administrador judicial, la consultora EY, y al propio titular del Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Sevilla, el magistrado Jesús Ginés Gabaldón mediante «garantías de paz social». Nadie quiere un conflicto en año de elecciones y el juzgado tampoco quiere ser visto como el causante de algún conflicto social o laboral. Por ello, varios candidatos a adquirir la multinacional andaluza coinciden en señalar que la compañía presidida por Juan Antonio Acedo podría haber buscado la ‘mediación’ de los sindicatos y de algunos directivos de la empresa para que exhiban en la instancia judicial la garantía de una “paz social” en Abengoa que no podrían asegurar otras ofertas.

Según lo previsto por las empresas que han presentado oferta por Abengoa, la adjudicación del juez podría producirse de manera inminente pese a que, en las últimas horas, se barajaba una opción diferente. De hecho, varias de esas compañías que optan a quedarse con la multinacional sevillana, daban mucha credibilidad a la posibilidad de que la intervención judicial iba a recomendar al juez una reducción de la lista de candidatos y la petición de más información.

Juego político

Con tres convocatorias electorales en ciernes y una ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en situación ‘de salida’ hacia la campaña para competir por la alcaldía de Madrid, nadie quiere un conflicto laboral, social y político como el que podría generarse con Abengoa. «No sé lo que habrá prometido [Acedo], pero parece que las presiones han llegado a la intervención judicial», asegura una de las empresas oferentes.

«A nadie le interesa una liquidación social, económica y política», asegura otra de las fuentes consultadas que han entendido alguno de los comunicados del sindicato UGT-Fica (mayoritario en el comité de empresa de la ingeniería) como un apoyo expreso a la oferta de Urbas.

En esa misma línea de sospecha, los responsables de Urbas podrían haber recabado el apoyo de la actual dirección con algún tipo de «promesa» de futuro, tal como aseguran las mismas fuentes.

La consigna lanzada desde todas las instancias políticas del Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía es que la adjudicación de Abengoa debe realizarse bajo la mayor tranquilidad posible. Nadie quiere un conflicto laboral y social en las calles a pocas semanas de las elecciones municipales y autonómicas y mucho menos ante la perspectiva de las generales de finales de año.

A ese respecto, parece que el propio presidente y principal accionista de Urbas, Juan Antonio Acedo, podría haber recurrido a sus buenas relaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en favor de la oferta de su empresa. Según indican desde fuentes corporativas, Acedo es un ‘habitual’ de los viajes internacionales que Sánchez realiza acompañado de empresarios, en los que el máximo accionista y responsable de Urbas habría conseguido establecer buenas relaciones con Moncloa. Falta por ver si la escasa credibilidad que la banca ha dado a la oferta de Urbas -según sus competidores- es compensada por la vía política.

Sea como fuere, lo cierto es que tras la última reunión de la Mesa Técnica de Seguimiento de Abengoa celebrada el pasado día 15 de febrero en la sede madrileña del Ministerio de Industria, UGT-Fica emitió un comunicado en el que instaba a la administración concursal a «agilizar los plazos que restan a la consecución de la adjudicación de las ofertas presentada».

A dicha reunión asistieron, además de la ministra Maroto -acompañada de varios asesores y técnicos del Ministerio-, el secretario general de UGT-Fica Sevilla, Manuel Ponce; la presidenta del Comité de Empresa de Abenewco, Noelia Sánchez -también de UGT-; la administración concursal; los directores de Abengoa y varios representantes de la Junta de Andalucía.

Ponce, al que algunas de las ofertas competidoras señalan como ‘favorecedor’ de la oferta de Urbas, ha señalado en varias ocasiones que «la opción de un inversor industrial es más favorable que cualquier otro que solo sea financiero», según el último comunicado de su sindicato.

En clave bancaria

Presiones y movimientos de influencias aparte, el consenso entre las empresas que quieren comprar Abengoa es que la llave de la adjudicación, pero, sobre todo, de la salvación y recuperación de la multinacional sevillana está en manos de los bancos.

Todos los grupos interesados han presentado sus proyectos y sus apoyos financieros a la banca acreedora y, muy especialmente, a los titulares de los llamados ‘créditos privilegiados’ que cuentan con derecho a veto. Estos créditos privilegiados son los que Abengoa suscribió con entidades como las españolas CaixaBank y Banco Santander, la china HSBC y la francesa Crédit Agricole. En total, el pasivo de la compañía andaluza supera los 6.000 millones de euros.

La cuestión es, tras muchos años de fallidos en la empresa andaluza, que la banca acreedora considere que el proyecto presentado por las compañías que optan a comprar Abengoa es sólido y fiable. En ese caso, la banca -tal como le piden algunos de los que optan a hacerse con la ingeniería sevillana- accedería a liberar avales y a “flexibilizar” sus condiciones (ampliar plazos, fundamentalmente). Eso permitiría agilizar su gestión y orientar el grueso de la financiación a los proyectos que tiene en marcha y en cartera, con los que recuperar la normalidad.

«La pelota está en el juzgado», dice una de las candidatas a comprar Abengoa, «pero lo está más en la banca acreedora que será quien imponga el criterio que haga inclinar la balanza por una oferta u otra».